Buenos Aires, 12 de Julio de 2012
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ADEF RECHAZA LA REORGANIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO
POR COMUNAS QUE ESTARÍA ELABORANDO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD
La Ciudad no cuenta actualmente con una Ley de Educación que regule el funcionamiento del Sistema Educativo, por lo que resultaría improcedente pretender realizar dicha reestructuración.
Por otro lado desde el Ministerio no se efectuó consulta alguna a los actores de la comunidad educativa a saber:
- Supervisores Escolares (de todas las Áreas y Niveles)
- Conducciones de las unidades escolares
- Docentes
- Entidades sindicales
- Padres
Por lo antedicho el ejecutivo estaría incumpliendo con el art. 24 de la Constitución de la Ciudad
La Ciudad… “Organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la Ley de Educación de la Ciudad, asegure la participación de la Comunidad y la democratización en la toma de decisiones.”
Sin embargo, la actual gestión del Ministerio de Educación estaría avanzando en la adaptación de la estructura de las unidades educativas de todos los niveles y modalidades a la distribución territorial de las comunas haciendo desaparecer los distritos escolares, numerando las escuelas según comunas y estableciendo nuevas sedes y zonas de competencia de los equipos de supervisión.
El art. 13 de la LEY DE COMUNAS estipula que las Comunas sólo intervienen en lo concerniente a sus “competencias”, claramente definidas en la susodicha Ley, ajenas al diligenciamiento administrativo y pedagógico de la Educación Pública de la Ciudad.
Desde ADEF consideramos que la aplicación de la distribución del sistema educativo de la CABA según la delimitación territorial de las comunas tendría un impacto negativo en el normal funcionamiento de las unidades educativas, generándose:
- Una distribución no equilibrada de las escuelas,
- Inequidad laboral,
- Fractura de los equipos de supervisión escolar,
- Concentración de matrícula escolar en zonas de alta vulnerabilidad.
- Establecer tal división implicaría tácitamente delegar funciones del ejecutivo hacia las comunas, que en sectores como la educación o la salud degradan la calidad del servicio que debe brindarse.
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